El Congreso Nacional Indígena (CNI) y la lucha electoral

Adversus Populus

«Los espejos se han roto —decía Manuel Vázquez Montalbán en 1995—, los imaginarios se han esfumado y las razones que generaron las ideas sobreviven, pero, desorientados entre puntos cardinales trucados, ninguna respuesta nos cabe esperar de los horizontes donde en otro tiempo permanecían las siluetas que daban sentido a la Historia y a nuestra historia».

Es muy probable que, bajo esta premisa, la decisión que la asamblea constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), por la que se determinó nombrar a la indígena náhuatl María de Jesús Patricio Martínez como vocera y representante de los pueblos originarios del CIG para el proceso electoral del año 2018, no sea bien recibida por líderes y militantes de la «izquierda» partidista en México.

María de Jesús Patricio Martínez, vocera y representante de los pueblos originarios del CIG para el proceso electoral del año 2018. Fotografía: Víctor Camacho.

Hay quienes consideran que la participación de una candidata indígena —e independiente— a la presidencia del país, abona a los intereses de la clase política en México y a los del gran capital internacional que la controla, en demérito del «proyecto de nación» del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), liderado por Andrés Manuel López Obrador. Para algunos más, el sólo hecho de la participación electoral brinda de legitimidad al sistema político mexicano que se sostiene, en parte, gracias al modelo extractivo que afecta a la totalidad de los territorios indígenas concesionados o en vías de serlo al gran capital internacional.

Sin embargo, la defensa de sus territorios y, junto con ello, el de sus formas de organización social estrechamente vinculadas a la naturaleza, encuentra en la competencia electoral el último de sus recursos. Como lo ha señalado Víctor Toledo, «intentar una transformación de las sociedades mediante la vía de las armas es el acto más descabellado que se conoce» (La Jornada 2016/03/15), de tal forma que, en su propósito, los pueblos indígenas representados por el CNI, apelan a la capacidad de la sociedad civil en México para organizarse y sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad.

No se trata, desde luego, del viejo dilema entre reforma y revolución, sino de un llamado a la movilización pacífica emplazada por un horizonte completamente distinto al que nos advirtió Vázquez Montalbán; se trata de comenzar a construir las bases de un mundo que es a la vez biológica y culturalmente diverso.


El Congreso Nacional Indígena, desde su constitución en 1996, ha insistido en un concepto de autonomía basado en la comunidad y el municipio como espacios privilegiados para la toma de decisiones en asuntos que les son inherentes, como el derecho sobre la tierra o las formas de representación. Un principio que se encuentra garantizado en el Artículo 115 de nuestra Constitución, en el que se señala que la célula básica del pacto federal es el municipio que, no obstante, siempre ha estado subordinado a los dos órdenes superiores de gobierno, como son los estados y la federación.

Compartimos con los pueblos indígenas las ideas y los conceptos que les motivan a la competencia electoral, por lo que, de cierta manera, su agenda es la nuestra. Se trata de una apuesta arriesgada, pero, en las circunstancias actuales, respaldar esta iniciativa de los pueblos originarios es un acto más allá de lealtades ideológicas, sino de congruencia con nuestra propia humanidad.

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Más que una petición, una exigencia: ¡Liberen a Semeí Verdía! #Ostula

Adversus populus 20

Semei Verdia
Semeí Verdía Zepeda, líder de los grupos de autodefensa del municipio de Aquila, Michoacán
I

El domingo 19 de julio comenzaron las fiestas del lugar donde vivo, «la subida» le decimos los habitantes de Lagos de Moreno, en Jalisco. Una amiga y yo, poco antes del acto, nos encontramos para tomar el fresco, comer una «panocha», beber un «aguanieve» y ver cómo sucedían los últimos preparativos, detalles que no les compartiré aquí.

Antes de que comenzara la fiesta nos retiramos. Nos despedimos y volvimos a nuestros quehaceres. Los míos no eran tantos, así que opté por dedicar la tarde al ocio de las redes sociales. La primera actualización en mi time line en Facebook fue la del colectivo Proyecto ambulante, una agencia autónoma de información cuyo eslogan es «construyendo contrainformación», el tema del que daba cuenta lo compartían otras agencias y colectivos como Subversiones y Desinformémonos, todo mi reconocimiento a quienes los hacen posibles y a la labor, a veces peligrosa e ingrata, que cotidianamente realizan.

II

El tema en cuestión era la agresión por parte de la Policía Federal y el Ejército mexicano en contra de los habitantes de la comunidad nahua de Santa María de Ostula, quienes habían bloqueado la carretera costera, para más seña la carretera federal México 200, en protesta por la detención del comandante de su Policía Comunitaria, Semeí Verdía Zepeda, la mañana de ese domingo 19 de julio. La respuesta del Ejército y la Policía Federal fue la violencia en extremo, nadie asume la responsabilidad de la orden, pero lo cierto es que la orden fue dada y sus efectivos abrieron fuego en contra de la población, ocasionado la muerte del menor Idelberto Reyes García e hiriendo de gravedad a otros menores y adultos presentes en el bloqueo carretero. Pueden consultar la versión de los hechos, por parte de los habitantes de Ostula, en la página del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. en esta liga.

Como muchas personas conozco la zona, como muchos de ustedes, en más de una ocasión, he disfrutado de las playas de San Juan de Alima, La Ticla en Aquila, El Faro de Bucerías, Maruata, entre otras. Pero también, en este 2015, por invitación del doctor en antropología Carlos Lucio, quien se dedica al desarrollo cooperativo de proyectos económicos para que comunidades indígenas y campesinas impulsen sus propias estrategias de crecimiento, tuve la oportunidad de conocer el poblado de Santa María Ostula y a algunos de sus habitantes, como Agustín Vera, quien ahora ha sido designado vocero de la comunidad en esta difícil situación. La agencia autónoma de comunicación Subversiones nos ofrece esta crónica y análisis de la lucha que, desde hace más de cinco años, han sostenido los pueblos nahuas en Michoacán: Embestida del ejército contra la comunidad de Santa María Ostula.

En algún lugar leí que «Se puede ver parte de la verdad y no reconocerla. Pero es imposible contemplar el mal y no reconocerlo», y lo que ocurre en estos momentos en aquella región de la costa en Michoacán, por decirlo así, es la manifestación «pura» del mal. Por ello, la manera en la que podemos manifestar nuestro apoyo a la comunidad y, de alguna manera, solidarizarnos con Semeí Verdía es apoyando las peticiones que para su liberación se han impulsado en las plataformas Change.org y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para Todas y Todos [haz clíck en las ligas respectivas para firmar las peticiones].

III

En el encabezado de esta crónica sostengo que más que una petición, la liberación de Semeí Verdía es una exigencia, es cierto. La Procuraduría General de la República, a cargo de Arely Gómez González, ejerce acción penal en contra de Semeí Verdía acusándolo del delito de portación de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo del ejército; así como de haber cometido delitos electorales, concretamente la destrucción de material electoral [puedes leer al respecto en La Jornada].

Bajo una supuesta acción apegada al estado de derecho, en apego a la «ley», es que Semeí fue detenido y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en el municipio de Tepic, en el estado de Nayarit. Seamos claros, por supuesto que en apego al derecho es inadmisible que particulares se armen y tomen control de territorios o ejerzan funciones en la impartición de justicia, cuya atribución es exclusiva del Estado mexicano y sus instituciones. Pero, y se trata de un pero nada trivial, el surgimiento de los grupos de autodefensa y la reactivación de las policías comunitarias en varias partes del país, ocurrió, justamente, por el abandono del Estado mexicano a sus atribuciones en la impartición de justicia y, lo que es más grave e inadmisible aún, por su evidente respaldo, fomento o complicidad con organizaciones criminales dedicadas a la producción, trasiego y distribución de narcóticos; dedicadas por igual a la extorsión, secuestro y desapariciones forzadas; responsables del desplazamiento de comunidades enteras a causa de los asesinatos y el terror en general.

La de Semeí y demás habitantes de Santa María de Ostula no era otra cosa que la defensa legítima de su persona, sus familias, sus bienes y su comunidad. Insisto, en el idílico país en el que viven los funcionarios al más alto nivel, tanto federal como estatales, el estado de derecho es una realidad; pero, frente a ello, existe una realidad contraria, brutal, perversa. Aún clamamos por conocer el paradero de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y una larga y dolorosa lista de agravios que nos estremecen e indignan. Indignémonos, pues, y clamemos por la liberación de Semeí Verdía.

Además, al igual que el poeta Javier Sicilia, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés; detener la guerra; liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestora Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos; hacer justicia a las víctimas de la violencia; juzgar a gobernadores y funcionarios criminales; boicotear las elecciones, y devolverle su programa a Carmen Aristegui.

Críticas y comentarios a v4l3nc14@gmail.com