El «fantasma» de los Estados

el laissez-faire también es una forma de «regulación» estatal, introducida y mantenida por medios legislativos y coercitivos. Es una política deliberada, consciente de sus propios fines, y no la expresión espontánea y automática de los hechos económicos. Consecuentemente, el liberalismo del laissez-faire es un programa político

Antonio Gramsci

El fantasma de los Estados

Veinte años atrás, después de la desintegración del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, desde la sociología y la ciencia política comenzó a hablarse del declive de los estados nacionales como las instituciones dominantes de nuestro tiempo. La capacidad de las empresas transnacionales y las corporaciones que las dirigen por imponer sus intereses, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, fue entendida como el ascenso de estas organizaciones al sitio que, en otros momentos, ocuparon la iglesia, la monarquía, los partidos políticos o el Estado.

La primacía de los intereses del mercado sobre los asuntos públicos como la educación, la salud, el trabajo o la vivienda, por ejemplo, recuperó de los anaqueles las viejas tesis de la economía clásica de Adam Smith (1776) sobre el liberalismo económico. Esto es, la mínima intervención del Estado en la economía y el mercado debido a que, la naturaleza, hasta cierto punto egoísta del ser humano, alienta la riqueza y la innovación tecnológica que la crea; permitir, entonces, el laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar). Se habló, en tanto, de un neoliberalismo económico como la explicación más plausible en el declive de los Estados y el ascenso de las corporaciones.

Esta afirmación, por algún tiempo (léase la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI), tuvo algo de verdad. Corporaciones como Monsanto, además de producir agroquímicos, expandía sus intereses en áreas como el tabaco, los alimentos procesados, ¡ah!, y las armas químicas que producen desde la Guerra de Vietnam. Además de la influencia económica, las corporaciones también construyen opinión pública e intereses políticos, instruyen a través de la televisión y otros medios masivos de comunicación las jóvenes mentes de los niños. En fin, por todos lados se apreciaba como las corporaciones comenzaban a suplir a los «fantasmas» de los Estados.

Muy pocas voces se pronunciaron en contra de esta quimera. Se les calificó de marxistas trasnochados, incapaces de superar sus ideas en torno al desarrollo histórico. El futuro se encontraba en la inversión y la libre empresa. En tanto, varios países comenzaron a «desengrosar» sus aparatos burocráticos y deshacerse de empresas paraestatales, así como dejaron de sostener, constitucionalmente, su predominio sobre la tierra, los hidrocarburos y, en general, todas aquellas áreas de los sectores productivos.

A partir de la crisis económica de 2008, que puso y sigue poniendo en entredicho la continuidad de la Comunidad Económica Europea o del liderazgo norteamericano como potencia mundial, los aparatos estatales, los Estados en toda la amplitud del término, han recuperado su papel hegemónico como reguladores de la vida política y social de sus respectivos países. Ha sido a través del monopolio de la violencia que esto es posible; después de todo, las reformas económicas, la disminución del gasto público y la renuncia de los gobiernos a garantizar las condiciones mínimas de trabajo, salud, educación, vivienda y seguridad a sus gobernados, ha desatado una serie de procesos de revueltas y movilizaciones sociales en varias partes del mundo. Desde Grecia, España, los Estados Unidos, México incluido, en los últimos años hemos apreciado un ciclo de protestas, con sus respectivas reivindicaciones, en resistencia a los nuevos procesos de acumulación de capital.

La renuncia, durante la década de los noventa, por parte de los Estados a participar de las actividades productivas se justificó en tesis desarrollistas y de generación de riqueza. En ello ocurrió una nueva división internacional del trabajo o, mejor dicho, una vuelta al modelo anterior a la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. En México, por ejemplo, hemos retornado al papel de productor de materias primas y consumidor de tecnologías, hoy en día se han acrecentado las concesiones de explotación minera en regiones que habían sido más o menos preservadas por comunidades locales, fundamentalmente indígenas. Por otra parte, los recursos del subsuelo, como el gas natural y el petróleo, lejos ser desplazados por otro tipo de combustibles, son cada vez más necesarios en los países ricos para preservar su estatus en el «concierto de las naciones».

Esta situación pone en evidencia los límites del desarrollo. Muy pocos países reciben los beneficios de la «sociedad de la información» mientras que otros, la mayoría, se limitan a ser meros consumidores marginales y participes en función del abaratamiento de su mano de obra, calificada o no, así como por sus recursos naturales y energéticos. No son las corporaciones las instituciones dominantes que lo ocasionan, son los Estados, a través de sus aparatos bélicos al exterior, y policiales represivos al interior, los que conducen esta vuelta a la supresión de garantías políticas y sociales.

En cuanto a la irrupción de otro tipo de fuerzas armadas, por decirlo de alguna manera ilegítimas como el narcotráfico, desde 1532 en El príncipe Nicolás Maquiavelo advirtió que los gobernantes, para preservar su poder, se valen de fuerzas regulares e irregulares. Las primeras son sus ejércitos disciplinados e instruidos para obedecer ordenes y participar en combate; las segundas están integradas por mercenarios, aquellos a quienes el honor o la lealtad les dicen muy poco y, por tanto, difíciles de controlar. En ese sentido, no es de extrañar que el narcotráfico, como ha ocurrido en distintos momentos, no sólo actúa en contra de las instituciones que limitan sus actividades, lo hacen también en contra de los mismos enemigos del Estado. Después de todo, sus intereses son compartidos.

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