La ley de hierro de la oligarquía

Adversus populus (14)

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I

Al analizar el efecto de la institucionalización del movimiento socialdemócrata alemán, en las primeras décadas del siglo XX, como el partido político socialdemócrata alemán, el sociólogo Robert Michels (Colonia, Alemania, 1876/1936) concluyó que ese proceso condujo a la pérdida de los objetivos que alentaron a su surgimiento. A lo largo de su exposición, describe varios elementos que intervienen en ese cambio de objetivos; entre ellos el papel de los líderes del movimiento, la ampliación de su base territorial y militante, así como el incremento de los recursos materiales a su alcance. Una vez que el movimiento se institucionaliza, apunta, el objetivo superior de crear nuevos marcos jurídicos y de relaciones sociales en lo general, es sustituido por el objetivo de preservar la organización en sí misma y la posición que en el marco del Estado les proporciona.

Sugiere que ese proceso ocurre, de manera más o menos homogénea, en todas las organizaciones creadas por un movimiento social, político o revolucionario. Por ello, sintetizó su argumento en la formulación de la «ley de hierro de la oligarquía»: «La organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización dice oligarquía» (Amorrortu editores, 2008). En un país como México, donde actúan organizaciones sociales y políticas de varios tipos, valorar estas ideas y su pertinencia me resulta por demás necesario.

II

La institucionalización de un movimiento social no sólo ocurre hacia partidos políticos; pueden convertirse en sindicatos, cámaras, federaciones, organizaciones no gubernamentales, entre otros. El interés de quienes buscan esa institucionalización, tiene que ver con el reconocimiento de sus medios y sus fines por parte del Estado; en el mismo sentido, las clases políticas ven como deseable la institucionalización de ciertos grupos, justo para legitimar o preservar la posición del sistema político. Pensemos, por ejemplo, en dos casos extremos.

Al día de hoy, varias Agrupaciones Políticas Nacionales (APN) en el marco que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) ofrece, han logrado su reconocimiento oficial como un partido político; otras han fracasado en su intento. Al final de ese proceso, pocas lo habrán logrado y serán puestas a prueba en las siguientes elecciones federales, donde habrán de obtener por lo menos el dos por ciento de la votación para mantener su registro. Podríamos suponer que esos nuevos partidos, junto con los ya existentes, en verdad persiguen un fin superior, de crear mejores condiciones de trabajo, justicia, etcétera; sin embargo, hasta ahora, la experiencia ha mostrado que creerlo así es pecar de inocentes, por decirlo de forma amable.

En otro extremo, veamos el interés del gobierno federal en que los grupos de autodefensa en Michoacán (los cuales pese a la legitimidad de su origen son organizaciones de civiles armados fuera del marco de derecho), se registren, formen parte del Plan de rescate a Michoacán y, con ello, comiencen con un proceso de institucionalización; es decir, actuar en los marcos del derecho. El resultado de ese proceso aún es incierto, quizá no ocurra en todas las regiones de Michoacán u otros estados del país donde las autodefensas han surgido. La única certeza en ello, es que su inclusión pretende matizar el abandono, en cuanto a seguridad, trabajo, etcétera, del Estado mexicano en los territorios por las autodefensas sostenidas.

III

Hoy en día, hemos visto cómo algunas organizaciones de movimientos sociales han logrado alcanzar sus objetivos, sin que la ley de hierro se cumpla. No obstante, en otros casos, la mayoría quizá, en lo tocante a los partidos políticos, la advertencia de Michels parece ser vigente. Ninguna organización política en México, que en algún momento haya operado desde la clandestinidad, para, posteriormente hacerlo desde el terreno electoral, ha sido inmune a la corrupción y excesos del sistema político de nuestro país. Se convierten en organizaciones clientelistas; sus fines tienen que ver más con su capacidad de negociación para lograr posiciones en los órganos de representación, así como ocupar cargos de elección popular y los beneficios que ello supone.

En tanto, más que nuevas organizaciones políticas, planteo la necesidad de crear nuevas organizaciones culturales. Hablo de aquellas que no tengan como propósito actuar desde el bienestar que les proporciona recibir recursos públicos. Me refiero a aquellas nuevas organizaciones que cubran en el corto, mediano y largo plazo, las necesidades que como sociedad de manera cotidiana deben ser atendidas y han sido abandonadas por las instituciones oficiales.

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Puedes leer esta columna en la edición digital e impresa del «Periódico AM» en su edición Lagos de Moreno del sábado 1 de febrero de 2014 [haz click en la imagen].
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Publicado por

Raúl Valencia Ruiz

Profesor de sociología en Universidad Iberoamericana León.

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