El contrato social en México*

una aproximación desde el pensamiento de Rousseau

La prosperidad de esta república vecina ha sido y está siendo el disparador de nuestras Américas, porque no se ha ponderado bastante la inmensa distancia que media entre ellos y nosotros. (…) Federarnos nosotros estando unidos, es dividirnos, y atraernos los males que ellos procuraron remediar con esa federación

Fray Servando Teresa de Mier, Profecía política

En una entrevista que el presidente Felipe Calderón concedió al periodista Javier Moreno, publicada en el diario El país el 27 de marzo de 2011, se le preguntó si «¿Existe alguna posibilidad de que México acabe siendo un Estado fallido?»; en su respuesta, el presidente aludió a los acontecimientos del mundo árabe, en particular, al derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto y señaló: «Yo veo ahora el mundo y pregunto dónde están los que dijeron que México era un Estado fallido». En su definición, un Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político y económico, por tener un gobierno débil o ineficaz. Desde la óptica del titular del poder ejecutivo en México, éste no cabe en esa definición, las instituciones económicas, sociales y políticas no se encuentran subordinadas a grupos o a individuos ajenos a los poderes legalmente instituidos, el estado de derecho existe en todo el territorio nacional. Ante ello, nominalmente, se cumple una de las características que Rousseau plantea para la existencia de un pacto social. Donde: «Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la dirección suprema de la voluntad general, y recibimos además a cada miembro como parte indivisible del todo». Este acto en sí da origen a «un cuerpo moral y colectivo»; el cual recibe el nombre de república, cuerpo político o estado. Quienes participan de esa asociación, reciben de forma colectiva el nombre de pueblo y en lo particular el de ciudadano. La existencia de hecho, de estas características, implican el respeto y reconocimiento a la «voluntad general», en este caso, representada por las leyes y códigos que los mexicanos nos hemos dado; no hacerlo, es atentar contra nuestros propios intereses y debemos ser obligados a respetar. Si esto es así ¿cuáles son las causas, por las cuales, el tráfico, el robo, la extorsión, el secuestro, el asesinato y, en general, todas las expresiones que desprecian la vida de ese cuerpo, del soberano, se han convertido en una forma y estilo de vida en nuestro país?, ¿goza el Estado mexicano de autoridad suficiente para enfrentar este fenómeno?, ¿el pacto social que dio origen a nuestra sociedad continúa vigente? O bien, por el contrario, ¿es necesario la reformulación del mismo?, ¿quiénes y cómo han de responderlo?.
En su argumento, Rousseau expone que las formas de gobierno, sean democracias, aristocracias y monarquías, son producto de las condiciones específicas de cada pueblo y de la manera que éste organiza y da forma al soberano, el cual parte la voluntad general. En su origen, el estado mexicano hubo de definir la forma de gobierno, bajo la cual se conduciría luego de la guerra de independencia con España. Por un momento de su historia, tornó en imperio, después, los magistrados de los que El contrato social habla, debatieron sobre la adopción de un gobierno central o del establecimiento de una federación de estados. Esta última prevaleció y continúa hasta la fecha, con la excepción del periodo de Maximiliano de Habsburgo. Con ello, México ingresó a la modernidad y mostró a Europa ser una sociedad civilizada, libre, en apego a la definición del término que la obra ofrece sobre el estado civil; «(…) la adquisición del estado civil la libertad moral, lo único que hace al hombre auténticamente dueño de sí; pues el impulso sólo del apetito es esclavitud, y la obediencia a la ley que se ha prescrito es la libertad.»
En diferentes momentos de su historia, la sociedad mexicana se ha visto en la necesidad de reafirmar y suscribirse contractualmente al soberano y la forma que sus magistrados conciben. Nos referimos al desenlace de las distintas guerras civiles internas e intervenciones militares de otros países. ¿Es válida esta afirmación?, ¿la suma de voluntades, por determinación propia, es la generadora del estado mexicano?, o, por lo contrario, ¿el estado mexicano es producto de la voluntad personal de quienes, por poseer riqueza y poder, logran sus objetivos a costa de la masa y no del pueblo del que habla Rousseau?. «Tan pronto como el servicio público deja de ser la cuestión principal para los ciudadanos y éstos prefieren servir con su dinero antes que su persona, el Estado se encuentra ya cerca de su ruina. (…) En cuanto alguien dice de los asuntos del Estado:‘¿A mí qué me importa?’, hay que considerar que el Estado está perdido». Esto, en cuánto a quién abandona su libertad ¿qué ocurre con los estados donde todos sus habitantes no poseen el estatus de ciudadano, aquellos quienes no pierden nada, pues nada han aportado al soberano?. En términos del contrato, ¿todos los habitantes de México han sido y son ciudadanos?
Las distintas revoluciones y conflictos políticos sucedidos en México, encontraron en la promulgación de leyes las bases para dar respuesta a las exigencias de su origen. Los representantes, al existir en nuestro país el cuerpo legislativo, fueron los depositarios de salvaguardar el interés del pueblo; encontramos que en estos procesos, ha existido la voluntad general de donde mana el soberano, pero la adopción de la figura de representantes, como lo describe Rousseau, ha significado un distanciamiento del pueblo con el gobierno, no con el soberano, sino con el gobierno.

Finalmente, cuando el Estado, cerca de su ruina, no subsiste más que de una forma ilusoria e inútil, cuando el vínculo social se ha roto en todos los corazones, cuando el más vil interés se ampara descaradamente en el sagrado nombre del bien público, entonces la voluntad general enmudece y todos, guiados por motivos secretos, no opinan ya como ciudadanos, como si nunca hubiera existido el Estado, y se hace pasar falsamente bajo el nombre de ley decretos inicuos que no tienen otro fin que el interés particular.

Compartimos la idea del autor, donde afirma que pese a un escenario como el arriba descrito, la voluntad general no sucumbe. Ésta es constante en el pueblo mexicano, muestra de ello han sido las respuestas y las reacciones a los distintos episodios trágicos que desastres naturales han ocasionado: terremotos, inundaciones, sequías, afrontados en la mayoría de las veces por el pueblo, mucho antes que la acción organizada por el gobierno. Las prácticas que atentan contra el estado civil en México, no deben ser aprobadas o justificadas bajo ninguna circunstancia. Éstas, son muestra del grado de descomposición por el que atraviesa el gobierno que faculta el soberano, son un reflejo de lo que en la práctica sucede con el ejercicio del poder público, cuando prevalece la voluntad particular por encima de la voluntad general.
«¿Existe alguna posibilidad de que México acabe siendo un Estado fallido?» La respuesta a la que llegamos, comparte la visión oficial, la del presidente, el Estado, entendido como el cuerpo moral y político que la suma de la voluntad general crea por el simple hecho de existir, existe y mantiene la cohesión de nosotros como ciudadanos y es lo que ha evitado que todo el país sucumba a la barbarie. La pregunta, en ese sentido, está mal planteada; proponemos formularla de la siguiente manera: ¿Existe alguna posibilidad de que México siga teniendo un gobierno fallido?. El gobierno actual, en su aparato orgánico, entra en el marco de la legalidad que él mismo se ha dado, en detrimento del pueblo que dice beneficiar. Pero, la legitimidad por la cuál sus ciudadanos debemos aceptar la libertad que el contrato social otorga, está perdida. La legalidad, por encima de la legitimidad es un aspecto que debe ser ponderado y resuelto de manera tal que el gobierno instituido, goce de plenitud y sea lo que la sociedad espera de él. Dadas las circunstancias bajo las cuales el actual representante del poder ejecutivo en México asumió la toma del poder político en 2006, de forma legal, más no legítima, ha tenido un impacto cuyo alcance es aún incierto, pero sus efectos, hasta ahora, han costado la vida a miles de ciudadanos y con ello, alimenta sentimientos que nos alejan del estado civil.
En esta primera aproximación, encontramos que la violencia plantea una encrucijada, la recuperación del imperio de la voluntad general a fuerza de la acción de sus ciudadanos, o la radicalización de la violencia, proporcional a la que ejerce el gobierno para mantener el control del Estado. Éste, al ser producto en su devenir histórico, de la voluntad general de permanecer organizados, «divididos» como lo apuntaba el fraile dominico Teresa de Mier, en una federación, nos da pauta para preservarlo:

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder publico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.**

*Reflexión sobre «El contrato social». En: Rousseau, Jean-Jacques, El contrato social, Madrid, España, Edimat libros.

**Artículo 39. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Segundo, Capítulo I De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno.

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